Reglamentación del uso de la tierra al interior y en la periferia de las áreas protegidas: marcos legales, mejores prácticas y requerimientos de capacitación en México y América Central

Abstract

La intensificación del uso de la tierra en los alrededores de las áreas protegidas a menudo amenaza la integridad ecológica de espacios protegidos y hace que su administración sea más difícil y costosa. En el paisaje densamente poblado de Mesoamérica, la expansión de la frontera agrícola, la minería y el aprovechamiento no sustentable de los bosques, los proyectos de infraestructura, la especulación de la tierra, y el desarrollo urbano, habitacional y turístico, amenazan muchas de las áreas protegidas. A la vez, las decisiones que toman las organizaciones que manejan las áreas protegidas pueden tener impactos importantes sobre la planificación y uso de la tierra por parte de propietarios, vecinos y usuarios de recursos naturales en áreas adyacentes a los espacios protegidos. Por lo tanto, una mayor colaboración para la planificación y reglamentación del uso de la tierra es cada vez más importante para diversos actores involucrados en el manejo de áreas protegidas, corredores conservacionistas y tierras adyacentes. Además, el proceso de descentralización de la toma de decisiones referentes al ordenamiento territorial que está desarrollándose, hace de éste un momento histórico oportuno para integrar los procesos de ordenamiento territorial local con las necesidades de áreas protegidas y de proyectos conservacionistas regionales. Para estudiar estos fenómenos apoyándonos en el uso de grupos focales nacionales y locales, actividades participativas, entrevistas, visitas al campo, observación experta y la revisión de literatura, recogimos datos en seis países mesoamericanos (México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Analizamos los marcos legales nacionales, procesos y estructuras gubernamentales para la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, así como la situación actual en cuanto a planificación y ordenamiento territorial en 16 áreas protegidas pertenecientes a los seis países mencionados. Este estudio describe y compara patrones y tendencias prometedoras y las mejores prácticas encontradas a nivel nacional y local al interior y en los alrededores de las áreas protegidas por agencias conservacionistas, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales y comunidades en el entorno de las áreas protegidas. También identificamos limitaciones y obstáculos, además de necesidades de fortalecimiento de capacidades locales. Igualmente, formulamos sugerencias para mejorar los procesos de planificación y control del uso de la tierra. Hemos encontrado que los mecanismos más eficaces que se están utilizando para propiciar usos y gestión compatible de la tierra en los alrededores de las áreas protegidas incluyen la creación de comités ambientales y de planificación a nivel local (incorporando personal de las APs); preparación de planes municipales de ordenamiento territorial, incluyendo propuestas de zonificación y límites a la subdivisión de predios; el uso de procesos cada vez más descentralizados para revisar y estudiar el impacto de los proyectos de desarrollo (a veces incorporando las opiniones de las administraciones de las APs locales); promulgación de legislación y criterios de manejo para zonas de amortiguamiento; la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental y el fomento del concepto de medidas de mitigación para proyectos de desarrollo; pagos por servicios ambientales a propietarios privados; cobros e impuestos que pueden ser usados para proyectos de conservación y acuerdos intergubernamentales para aunar esfuerzos con vistas a planificar y reglamentar el uso del suelo. Las técnicas innovadoras que se están usando para amortiguar presiones externas y mejorar el vínculo de las áreas protegidas incluyen servidumbres ecológicas, la compra o transferencia de derechos de desarrollo; creación de áreas protegidas por propietarios privados y gobiernos municipales; proyectos de apoyo a la diversificación económicas así como la clarificación y estabilización de la tenencia al interior y en los alrededores de las áreas protegidas. Igualmente se aplican incentivos para la creación de corredores de conservación que conecten parques y reservas. Hubo bastante variación entre países y APs en cuanto al nivel de aprovechamiento por parte de las autoridades locales y agencias de manejo de áreas protegidas con respecto al mayor poder de decisión que les han otorgado las recientes leyes nacionales que descentralizan el poder sobre la planificación territorial. Algunos directores de áreas protegidas han captado la importancia del momento histórico y están participando más activamente con los gobiernos locales en los esfuerzos por planificar y controlar el uso del suelo en la periferia de sus áreas protegidas. Hay mayor involucramiento de la ciudadanía en los procesos de ordenamiento territorial, pero existe una falta de confianza de muchos de los participantes en el estudio en cuanto a la credibilidad del nivel de respeto de los planes y procesos de decisión, particularmente por parte de intereses poderosos. Las fuentes de financiamiento para elaborar y poner en marcha planes de ordenamiento territorial, así como para poner a funcionar procesos participativos de planificación, son inadecuados e intereses especiales y a la vez poderosos pueden todavía utilizar su influencia para proceder con actividades desfavorables para las áreas protegidas. Para asegurar la integridad ecológica a largo plazo de las áreas protegidas, hay que ampliar los esfuerzos para mejorar los procesos de toma de decisiones al interior y en los alrededores de las áreas protegidas en cuanto a planificación y control del uso de la tierra (y de los recursos acuáticos y marinos). Si se quiere alcanzar la integridad ecológica permanente de las APs se debe fortalecer la capacidad del personal y de las agencias de manejo de las áreas protegidas, de los gobiernos locales y de la sociedad civil en general, incluyendo el uso de nuevas estructuras de toma de decisiones, procesos legales transparentes y con reglas claras, además de una mayor confianza en el cumplimiento de la ley, mejor fiscalización, un mayor compromiso de los actores interesados y/o afectados e igualmente procedimientos bien establecidos para la colaboración interinstitucional en materia de uso de la tierra, tanto al interior como más allá de los límites de las áreas protegidas.